'A PROPOSITO DE LA POLÉMICA ACTUAL CON EL GOBIERNO'

Declaración

IGLESIA DE BASE DE MADRID

MADRID.

Como no ocurría hace tiempo, se ha comenzado a hacer pública una alarma: el Gobierno actual estaría atacando a la Iglesia católica. Esta actuación del Gobierno sería arbitraria e inmoral y, por lo mismo, hay que protestar y rechazarla. Unos católicos perciben la situación actual así, como una intromisión y agresión del Gobierno socialista, cierran filas con sus obispos y están dispuestos a oponerse a sus medidas con diversas acciones. Otros católicos ven bien las medidas del gobierno, tachan a estos católicos de reaccionarios y nostálgicos, de querer volver a tiempos anteriores, defendiendo privilegios innecesarios y anacrónicos de la Iglesia católica, y de haber callado y no hecho nada ante acciones mucho más graves del Gobierno anterior. El resto de los ciudadanos, muchos por lo menos, se indignan por las protestas de la Iglesia católica, pues no ven en ellas sino la voluntad de seguir doblegando a sus normas al poder político, y de preservar la situación de privilegio que siempre ha tenido.

¿Podemos aducir razones que nos muestren de qué parte está la verdad en este caso?

Nosotros pensamos que el Gobierno socialista prometió en su programa electoral incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una serie de realidades sociales que no estaban contempladas ni reguladas por la ley, tales la violencia ejercida sobre la mujer, la convivencia de personas homosexuales, la agilización de los casos de divorcio, el aborto, etc. Se trata de personas o ciudadanos que viven situaciones reales y que exigen se les de una respuesta desde la ley, reconociéndoles los derechos que les correspondan. Los derechos humanos son precisamente el fundamento de nuestro sistema constitucional. Y es deber del Estado velar y promover el cumplimiento de esos derechos y lograr una legislación que los haga efectivos para todos, sin discriminación.

Dentro de la Iglesia católica hay posiciones diversas: unas que concuerdan con las tomadas por el Gobierno y otras que no. Existe también la posición de otras Iglesias y la de otros ciudadanos que declaran no pertenecer a ninguna Iglesia o ser ateos.

El Estado, como aconfesional que es, tiene que atender a esta pluralidad y diversidad de posiciones, tratando de no identificar su legislación con las preferencias, creencias o principios de una de estas posiciones. Debe legislar mirando al hecho común que une e identifica a todas como portadoras de una misma realidad: la dignidad humana y sus derechos. Ahí, coinciden todas y todos, hay un común denominador que engloba a todos y que, respetándolo, hace posible un justo Derecho y una pacífica Convivencia.

Las realidades de orden humano y social, que trata de incorporar al ordenamiento jurídico el Gobierno actual, pertenecen a este nivel y debe abordarlas de acuerdo con lo que dicta la búsqueda y experiencia humanas, la ética, la filosofía y las ciencias humanas. Un enfoque epistemológico que sea comprensible y aceptado por todos. Sin privilegios ni discriminación para nadie.

Tal enfoque no presupone marginación o limitación de los derechos de ninguna religión, y menos de la Católica, sino establecer una derecho básico, válido para todos. Sobre esa base, cada religión es libre de ofrecer su credo particular y asegurarlo con los medios a su alcance, en los espacios y momentos que considere más oportunos. Pero esa oferta, deberá hacerse salvaguardando el derecho de todos, sin menoscabo, discriminación o coacción de nadie. Y esa es la misión del Estado, que deberá llevarla a cabo en atención directa a cada grupo y al más global de la sociedad.